Las 16 instituciones involucradas y afectadas al Decreto N° 2.954, que declara en situación de Emergencia a los Departamentos de Canindeyu, Concepción y San Pedro, tienen la tarea de controlar los desembolsos a realizarse en el marco de la Emergencia; explicó el Lic. Julio César Medina, Director General de Planificación y Evaluación de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).

Esta especificación la hizo durante una reunión de la que participaron los Auditores Internos de las dieciséis instituciones afectadas a la Emergencia declarada recientemente. El Director de Planificación de la AGPE, acompañado de todo el equipo de directores de la institución, definieron ayer las tareas que deberán realizarse en el marco de la Emergencia.

La reunión se realizó en la Sala de reuniones de la Auditoría General,  a los efectos de coordinar y orientar los trabajos de auditoría interna enfocados a controlar de manera periódica y objetiva las medidas administrativas y financieras requeridas para brindar respuesta, rehabilitación y recuperación de los bienes y servicios en las comunidades en que fueron alterados el bienestar general de la población afectada en esos tres Departamentos del país.

El énfasis fue puesto en que las Auditorías Internas de las diferentes instituciones potencien y  realicen los  controles a los desembolsos, de manera a lograr el objetivo de la  satisfacción de la ciudadanía sobre los bienes y los servicios adquiridos  con estos fondos. Los bienes y servicios deben llegar a los ciudadanos con la calidad requerida y para la satisfacción de las demandas que se dan en el marco de esta Emergencia.