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| Convenio interinstitucional permitirá mayor eficiencia en lucha contra la corrupción |
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El Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón; la Ministra-Auditora General del Poder Ejecutivo, Bertha Rodríguez de Perinetto y la Ministra-Secretaria Ejecutiva de la SENAC, María Soledad Quiñónez representan a las instituciones que forman parte del convenio que permitirá una lucha más eficaz contra la corrupción.
Con el objetivo de establecer líneas de acción que permitan afrontar de manera eficiente y eficaz la lucha contra la corrupción pública se llevó a cabo la firma de un convenio interinstitucional entre la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Anticorrupción.
La rúbrica de dicho convenio estuvo a cargo de la Ministra-Auditora General, Bertha Rodríguez de Perinetto, la Ministra-Anticorrupción, María Soledad Quiñónez Astigarraga y el Fiscal General del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, quienes asumeron la responsabilidad de fortalecer la interaccion entre los mencionados entes que forman parte del convenio, a fin de lograr en forma conjunta resultados efectivos para la detección y persecución de la comisión de hechos punibles.
La Auditoría General del Poder Ejecutivo deberá elevar al Ministerio Público las denuncias sobre hechos de corrupción que surgieren a partir de los procedimientos de auditoría realizados por dicha institución. En tal sentido, la Ministra-Auditora, Bertha Rodríguez de Perinetto, manifestó que el intercambio de documentación y asistencia técnica será muy provechoso para las tres instituciones considerando que las mismas manejan documentos sobre hechos punibles. "En el campo de la investigación requerimos contar con profesionales mejor capacitados, adquirir nuevas técnicas y herramientas sobre las cuales el Ministerio Público ha avanzado mucho", explicó.
El acuerdo establece una mejor coordinación con énfasis en la cooperación interinstitucional, en busca del fortalecimiento de los sistemas institucionales de trabajo, sobre la base de la implementación de las recomendaciones establecidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El convenio entró en vigencia a partir de este lunes 3 de noviembre y tendrá validez de dos años. |
